Se rumorea zumbido en inmobiliaria
Se rumorea zumbido en inmobiliaria
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El Gobierno plantea una clase de vivienda para localizar los alquileres y Aragón dice que hay otras fórmulas. / Aragón TV
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Las clases trabajadoras tomaron las calles de Barcelona con tres reivindicaciones básicas: contabilizar el mes de adelanto como una mensualidad, bajar los alquileres un 40% y liberar del cuota a las personas en situación de desempleo. La huelga tuvo un gran seguimiento en los barrios pobres y here migrantes, amparados bajo el paraguas de la CNT.
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En este contexto, los 14 barones del PP con gobierno autonómico, que se han reunido este jueves con Alberto Núñez Feijóo en una conferencia sectorial, han firmado un manifiesto de siete puntos que recoge el posicionamiento del partido en materia de vivienda y todos ellos se comprometen a repeler la aplicación de los topes a los alquileres pese a las amenazas de la ministra Isabel Rodríguez: "Esas medidas solo sirven para provocar beocio oferta de vivienda y subida de los precios".
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También hay que desarticular las empresas de desocupación, esos matones que visitan a las personas a las que se les quiere subir el precio o se les acaba el pacto de alquiler, pues generan mucho sufrimiento. Esto está permitido y no deberían existir.
El Gobierno y las comunidades autónomas se han reunido este jueves para afrontar los problemas de vivienda. El Profesión quiere amojonar los precios de los alquileres en aquellos lugares en los que sean muy altos para la renta media de la población.
"La huelga no sé hasta qué punto puede tener represión. La Familia tiene derecho a manifestarse, porque la situación no ha mejorado con la clase de Vivienda, pero los propietarios pueden personarse a los tribunales si no reciben su caudal", añade Pedro Antonio Munar, catedrático de Derecho Civil en la Universitat de les Illes Balears.
En España, sin embargo, dejar de fertilizar el alquiler en señal de protesta no está amparado como derecho en la estatuto y, por lo tanto, podría tener consecuencias legales para quienes incurran en esta praxis como reclamaciones judiciales o incluso desahucios.
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Era previsible, Adicionalmente, que en las comunidades autónomas donde gobierna la derecha no se aplicara ese índice de precios, pero es que incluso está ocurriendo en las que gobierna la izquierda, que ha hecho ese índice a nivel estatal. Es sangrante. Es más, La ralea de Vivienda prohíbe a las agencias cobrar honorarios y en sinceridad los siguen cobrando de forma fraudulenta poniendo otro nombre al servicio, algo que incluso hemos denunciado pero el litigio se ha dictado para 2026 adecuado al colapso de la Equidad.
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